“Quiero ver a mi hijo, lo extraño mucho”. La frase que es el reclamo de Francisco, padre de Liam Gael, el bebé que fue separado de su familia luego de que autoridades intervinieran un domicilio en Ecatepec, bajo el argumento de que el menor se encontraba en presuntas condiciones insalubres.
Desde entonces, el niño permanece bajo resguardo institucional, mientras su padre busca reestablecer el contacto y recuperar la custodia, en un caso que ha desatado indignación, dudas sobre el procedimiento oficial y una discusión urgente sobre cómo el Estado trata a las familias en situación de pobreza.
Lo que se sabe del caso
El operativo ocurrió tras una denuncia que derivó en la intervención de autoridades locales y personal del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. El bebé fue retirado del domicilio y canalizado a una institución, mientras se abrió una carpeta para evaluar su situación.
Hasta ahora, no se ha informado públicamente que el padre esté acusado de un delito, ni que exista una sentencia que determine la pérdida definitiva de la patria potestad. El proceso sigue en etapa administrativa y de valoración, lo que hace legalmente posible garantizar el derecho del menor a mantener contacto con su familia, salvo que exista un riesgo probado.
El testimonio de la vecina
Una vecina de la familia, entrevistada por medios locales, aseguró que Francisco es un padre presente, que trabajaba y se hacía cargo del niño, y que las condiciones del hogar respondían más a carencias económicas que a abandono o maltrato.
“No era una casa bonita, pero el niño estaba cuidado. Aquí nadie vio golpes ni descuidos graves. Lo que hay es pobreza”, relató.
Este testimonio no exonera responsabilidades, pero sí pone en entredicho una práctica recurrente: retirar a niñas y niños de sus familias sin agotar antes medidas de apoyo social, acompañamiento y mejora de condiciones.
Pobreza no es delito
Desde una perspectiva de derechos humanos, el caso de Liam Gael toca un punto crítico: la pobreza no puede ser tratada como una forma de violencia automática.
Hasta el momento, no se ha informado de un plan claro de reunificación familiar ni de visitas supervisadas, lo que genera incertidumbre y agrava el daño emocional tanto al padre como al menor.
La protección de la infancia no puede ejercerse desde la lógica del castigo, ni convertirse en una política de arranque de hijos a familias pobres.