Territorio y comunidad
Violencias
ONU advierte que pueblos indígenas en Venezuela enfrentan violencias
Los pueblos indígenas de Venezuela no solo resisten la crisis económica y humanitaria que azota al país desde hace más de una década, están siendo expulsados de sus territorios ancestrales, empujados hacia la malnutrición y obligados a huir por la violencia de la minería ilegal y la presencia de grupos armados, advirtió la Naciones Unidas a través de expertos que monitorean la situación de derechos humanos en el país sudamericano.
En informes recientes sobre la crisis humanitaria en Venezuela, especialistas de ONU señalaron que la población en general sufre de inseguridad alimentaria y que los pueblos indígenas como los Yanomami, Pemón, Warao y Wayúu, enfrentan impactos particularmente severos. Estos impactos incluyen malnutrición, pobreza extrema, falta de acceso a servicios de salud y desplazamientos forzados de sus comunidades.
Desplazamientos forzados y pérdida de modos de vida
Además de la inseguridad alimentaria, la violencia y la degradación ambiental han forzado a miles de miembros de pueblos originarios a abandonar sus hogares tradicionales. Las comunidades que antaño dependería de la caza, la pesca y la agricultura en sus territorios ancestrales ahora se enfrentan a migraciones internas o salida del país en busca de sobrevivencia.
La situación de los pueblos indígenas en Venezuela no es una estadística aislada: es una crisis estructural de derechos humanos que requiere atención urgente, con impactos que trascienden fronteras y nos interpelan a garantizar la vida, la dignidad y la justicia en el corazón de la Amazonía.
Cuerpo y dignidad
“Quiero ver a mi hijo, lo extraño mucho”: el padre de Liam Gael piensa recuperar a su bebé
“Quiero ver a mi hijo, lo extraño mucho”. La frase que es el reclamo de Francisco, padre de Liam Gael, el bebé que fue separado de su familia luego de que autoridades intervinieran un domicilio en Ecatepec, bajo el argumento de que el menor se encontraba en presuntas condiciones insalubres.
Desde entonces, el niño permanece bajo resguardo institucional, mientras su padre busca reestablecer el contacto y recuperar la custodia, en un caso que ha desatado indignación, dudas sobre el procedimiento oficial y una discusión urgente sobre cómo el Estado trata a las familias en situación de pobreza.
Lo que se sabe del caso
El operativo ocurrió tras una denuncia que derivó en la intervención de autoridades locales y personal del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. El bebé fue retirado del domicilio y canalizado a una institución, mientras se abrió una carpeta para evaluar su situación.
Hasta ahora, no se ha informado públicamente que el padre esté acusado de un delito, ni que exista una sentencia que determine la pérdida definitiva de la patria potestad. El proceso sigue en etapa administrativa y de valoración, lo que hace legalmente posible garantizar el derecho del menor a mantener contacto con su familia, salvo que exista un riesgo probado.
El testimonio de la vecina
Una vecina de la familia, entrevistada por medios locales, aseguró que Francisco es un padre presente, que trabajaba y se hacía cargo del niño, y que las condiciones del hogar respondían más a carencias económicas que a abandono o maltrato.
“No era una casa bonita, pero el niño estaba cuidado. Aquí nadie vio golpes ni descuidos graves. Lo que hay es pobreza”, relató.
Este testimonio no exonera responsabilidades, pero sí pone en entredicho una práctica recurrente: retirar a niñas y niños de sus familias sin agotar antes medidas de apoyo social, acompañamiento y mejora de condiciones.
Pobreza no es delito
Desde una perspectiva de derechos humanos, el caso de Liam Gael toca un punto crítico: la pobreza no puede ser tratada como una forma de violencia automática.
Hasta el momento, no se ha informado de un plan claro de reunificación familiar ni de visitas supervisadas, lo que genera incertidumbre y agrava el daño emocional tanto al padre como al menor.
La protección de la infancia no puede ejercerse desde la lógica del castigo, ni convertirse en una política de arranque de hijos a familias pobres.
