En Minneapolis, redadas migratorias federales han dejado al menos dos civiles muertos y múltiples detenciones, incluso con intentos de violar protecciones consulares. La violencia estatal se impone sobre derechos humanos básicos. Lee la crónica dura de Match Informa.
Mientras en México el discurso político sobre migración tiende a la neutralidad y los golpes mediáticos, al otro lado de la frontera la realidad es violencia directa, muerte de civiles y violaciones sistemáticas de derechos bajo la excusa de “aplicar la ley”. Lo ocurrido en Minneapolis, Minnesota, no es un error administrativo ni una “colisión de sistemas”. Es la brutal materialización de una política de redadas antimigrantes que, lejos de proteger vidas, ha terminado con la vida de al menos dos personas inocentes y ha sembrado terror entre comunidades enteras.
Operación Metro Surge: la ofensiva que mata
La ofensiva federal llamada Operation Metro Surge, promovida por el gobierno de Donald Trump y ejecutada por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement y la Patrulla Fronteriza, llegó a Minnesota a finales de diciembre pasado con la promesa de detener migrantes indocumentados y “criminales”.
Lo que pronto se volvió evidente es que no se trataba solo de detenciones: las tácticas empleadas han incluido fuerza letal, acoso a civiles, amenazas a observadores e incluso ataques contra consulados.
Desde entonces, miles de agentes federales han sido desplegados, se han realizado miles de arrestos y, según reportes independientes, han ocurrido numerosos incidentes con disparos, entre ellos dos muertes confirmadas de civiles estadounidenses durante redadas en Minneapolis: Renée Nicole Good, de 37 años, y Alex Pretti, de 37 años también, víctima de un disparo por parte de agentes federales durante una confrontación en la calle. Ambos hechos han sido captados en video y han generado un rechazo generalizado.
El propio Departamento de Seguridad Nacional confirmó ante el Congreso que dos agentes federales dispararon sus armas durante el encuentro en que murió Pretti, un hecho que, lejos de aclarar el uso de fuerza, ha intensificado las dudas sobre la proporcionalidad de la respuesta.
¿Qué está pasando realmente?
No se trata de un operativo aislado en un barrio fronterizo. Esto sucede en el corazón de una ciudad norteamericana, en donde la violencia estatal no la delincuencia ha dejado un patrón claro: uso excesivo de fuerza, presencia armada en comunidades civiles, muerte de personas no identificadas como amenazas claras, y detenciones de migrantes y ciudadanos por igual bajo pretextos de “seguridad”.
Incluso se reportó que agentes del ICE intentaron entrar sin autorización al consulado del Ecuador en Minneapolis, violando normas internacionales de protección diplomática, un acto que fue detenido por el personal consular.
Represión e impacto social
La respuesta de las autoridades locales ha ido en sentido contrario al de los cuerpos federales. El alcalde de Minneapolis anunció que la policía local no colaborará en la detención de migrantes, y el gobernador de Minnesota ha criticado abiertamente las tácticas del Departamento de Seguridad Nacional.
Las protestas no se han hecho esperar, y miles de personas han marchado en Estados Unidos y en otras ciudades del mundo contra las tácticas del ICE, exigiendo rendición de cuentas, el fin de la operación y reformas reales a las políticas migratorias.
Un patrón de violaciones a derechos humanos
Vista desde la lente de los derechos humanos, la operación en Minneapolis no sólo representa un intento de aplicación de la ley migratoria: es una política de terror estatal.
El derecho a la vida, a la seguridad personal, a un debido proceso y a ser tratado con dignidad está siendo sistemáticamente vulnerado por un operativo que: dispara primero y pregunta después, ejecuta a civiles que no representan amenaza proporcional, criminaliza la migración sin garantías legales, y desplaza a miles con tácticas que recuerdan más a una zona de guerra que a un país con estado de derecho.
¿Qué debería hacerse?
Si existe tal cosa como justicia en un sistema que se supone democrático:
- Investigaciones independientes e imparciales: no bastan comunicados oficiales. Se deben abrir investigaciones externas con participación civil, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales.
- Rendición de cuentas: los agentes que usaron fuerza letal sin causa justificada deben ser procesados bajo estándares de derecho penal y responsabilidad civil.
- Fin a prácticas intimidatorias: la detención de menores, el intento de entrar a consulados y la militarización de zonas civiles deben detenerse inmediatamente.
- Garantías de protección: migrantes, residentes y comunidades deben tener acceso a mecanismos de protección legal y recursos humanitarios sin amenazas.
No es solo Minnesota
Los hechos en Minneapolis reflejan un patrón más amplio, no un incidente aislado. Hasta la fecha, múltiples personas han muerto en operativos migratorios a lo largo de Estados Unidos este año, muchos bajo circunstancias cuestionables y sin sanciones claras a los agentes implicados.
La respuesta del gobierno federal desde minimizar los hechos hasta culpar a las víctimas no sólo evade responsabilidad, sino que perpetúa un clima de miedo y violencia que se cobra vidas sin pausa.
Si defender derechos significa nombrar esto por su nombre, entonces Minneapolis es el ejemplo más crudo de hasta dónde puede llegar el poder cuando se despoja de humanidad. Y esa batalla aún está lejos de terminar.