Crece la amenaza contra la libertad de expresión en México con las  leyes “censura” 

Desde Puebla hasta el Congreso de la Unión, las señales de alarma se multiplican: leyes que permiten al Estado censurar contenidos digitales, espiar sin orden judicial e imponer sanciones por expresarse libremente, están tomando forma. Bajo gobiernos morenistas, México podría estar normalizando una peligrosa ruta de control sobre la libertad de expresión.

La primera gran alerta vino con la Ley de Ciberseguridad de Puebla, que desde el 13 de junio castiga con hasta tres años de cárcel a quienes publiquen “ofensas” o “vejaciones” en redes sociales, si se considera que dañaron la integridad emocional de alguien. Aunque sus defensores la presentan como una medida contra el acoso digital, especialistas advierten que es tan ambigua que puede convertirse en un arma para silenciar críticas incómodas.

Pero Puebla no es un caso aislado. En el Congreso federal, Morena impulsa al menos tres iniciativas que inquietan a organismos civiles: una reforma a la Ley de Telecomunicaciones para bloquear plataformas y censurar contenidos sin orden judicial; una nueva Ley de Seguridad Pública con un registro nacional de usuarios de telefonía móvil que permitiría intervención sin autorización judicial; y una reforma a la Ley de la Guardia Nacional que facultaría al Ejército a vigilar comunicaciones bajo el argumento de seguridad nacional.

Organizaciones como Artículo 19, Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa advierten que estas propuestas abren la puerta a una regresión autoritaria, donde las redes sociales ya no serían espacios de libre expresión, sino canales vigilados por el poder.

Casos recientes confirman la tendencia. En Campeche, el periodista Jorge González Valdez fue vinculado a proceso por presunta incitación al odio, tras criticar a la gobernadora Layda Sansores. En Tamaulipas, el periodista Héctor de Mauleón y El Universal recibieron medidas cautelares tras revelar una red de corrupción. Incluso una ama de casa fue obligada a borrar un tuit por “violencia política de género”, tras cuestionar a una candidata.

“El panorama hacia adelante es poco halagüeño”, advierte Leopoldo Maldonado, de Artículo 19. Y Ernesto Contreras, académico de la UNAM, lo resume así: “Estamos frente a una regresión peligrosa en la que el derecho a disentir se criminaliza”.

Con una denuncia contra periodistas cada tres semanas y un entorno institucional que debilita a órganos como el INAI, las señales son claras: la libertad de expresión no solo está en juego, está siendo cercada.