A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca, que costó la vida de 14 personas y dejó a más de un centenar heridas, las autoridades han dado los primeros pasos legales, pero persisten dudas, críticas y exigencias de verdad y justicia.
El accidente, ocurrido la mañana del 28 de diciembre de 2025, se desarrolló en el kilómetro 230 de la ruta que une Salina Cruz con Coatzacoalcos, cuando el tren —con 241 pasajeros a bordo— se salió de las vías en una curva y parte de los vagones cayó por un desnivel de casi 20 metros.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha determinado que el responsable fue el exceso de velocidad del convoy al abordar una curva donde el límite era de 50 km/h; el tren circulaba a más de 65 km/h en ese punto, lo que habría provocado la pérdida de estabilidad y el siniestro.
Este hallazgo se basa en el análisis de las cajas negras del tren y en peritajes que no han señalado fallas mecánicas ni defectos visibles en la infraestructura ferroviaria. La FGR afirmó que los sistemas de frenado y la estructura del tren funcionaban adecuadamente, por lo que la causa principal apunta a errores humanos y operativos.
En este contexto, las autoridades detuvieron al operador identificado como Felipe de Jesús ‘N’, quien ahora enfrenta investigaciones por su presunta responsabilidad en el accidente.
Derechos humanos y exigencias de justicia
Pero la narrativa oficial no ha extinguido el dolor ni las inquietudes de las familias de las víctimas. Sobrevivientes y parientes criticaron la versión oficial, argumentando que hay aún información que no ha sido aclarada públicamente, especialmente sobre la velocidad real del tren y las condiciones de operación el día del accidente.
El caso pone en evidencia fallas estructurales en la protección de derechos fundamentales, empezando por el derecho a la vida y la seguridad de las personas que utilizaron un medio de transporte considerado estratégico. El proyecto del Tren Interoceánico, promovido como símbolo de desarrollo y conectividad, se ha convertido en un recordatorio de que la seguridad operativa no puede ser secundaria frente a metas políticas o empresariales.
Además, las víctimas y sus familiares han demandado a empresas y funcionarios que participaron en la construcción y operación de la línea, buscando que se deslinden responsabilidades penales y administrativas por posibles omisiones y negligencias previas al accidente.
Reparación integral y seguimiento aún pendiente
El gobierno federal anunció que se iniciará la reparación integral de víctimas, con atención médica, psicológica y acompañamiento a familiares, aunque los detalles de cómo se financiará y estructurará esa reparación —incluido el acceso a indemnizaciones y atención prolongada para heridos— aún están por definirse de forma clara.
La tragedia del Tren Interoceánico también ha abierto la discusión pública sobre la seguridad en obras de infraestructura clave, la supervisión técnica durante la construcción y operación, y cómo se priorizan los derechos de las personas usuarias sobre la reputación de proyectos políticos. Organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas han insistido en la necesidad de auditorías externas independientes, protocolos de seguridad revisados y mecanismos de rendición de cuentas genuinos.
Propuestas de solución
Este caso exige más que declaraciones oficiales:
- Investigación externa e independiente: un panel técnico con participación internacional y organizaciones civiles para revisar protocolos de operación, diseño y construcción ferroviaria.
- Reparación integral real: recursos, atención médica prolongada y apoyo psicológico para heridos y familias, sin trámites burocráticos que dilaten el proceso.
- Protocolos operativos obligatorios: instalación de sistemas automáticos de control de velocidad y supervisión constante en tramos de riesgo, con sanciones claras en caso de incumplimiento.
- Transparencia total: publicar datos detallados, no versiones parciales, para que la sociedad pueda conocer la verdad completa del accidente.
Este accidente no solo fue una tragedia humana, sino una violación a derechos básicos, agravada por la falta de respuestas claras y mecanismos de protección eficaces. La justicia y la seguridad no pueden esperar.