Una cámara de videovigilancia captó lo que muchas mujeres viven lejos de las cámaras: violencia extrema, abandono y riesgo de muerte. La madrugada del 24 de enero, una mujer fue arrojada desde un automóvil en movimiento cuando circulaba por la calle Precursores de la Revolución, al sur de la capital de San Luis Potosí.

Las imágenes muestran el momento exacto en que el cuerpo cae al pavimento mientras el auto continúa su marcha. No es un accidente. Es un acto de violencia directa, cometido en la vía pública, con una brutalidad que pone en evidencia la normalización del daño contra las mujeres.

Este hecho no puede leerse como un episodio aislado. Se inscribe en un contexto donde la violencia feminicida adopta múltiples formas, muchas de ellas previas al asesinato y, sin embargo, igual de letales. Arrojar a una mujer desde un vehículo en movimiento es una tentativa de homicidio, y debe investigarse con perspectiva de género y bajo los estándares más altos de protección a los derechos humanos.

Violencia grabada, Estado ausente

Que el ataque haya quedado registrado en video no garantiza justicia. En México, la evidencia existe, pero la respuesta institucional suele llegar tarde. La falta de información pública inmediata sobre la identidad de los agresores, su detención o el estado de salud de la víctima refuerza una constante: la opacidad frente a la violencia contra las mujeres.

El espacio donde ocurrió el ataque —una calle transitada— revela otro problema estructural: la inseguridad cotidiana que enfrentan las mujeres incluso en trayectos urbanos comunes, de madrugada o a plena luz del día. La ciudad no es neutral; para muchas mujeres, es un territorio hostil.

No fue “una pelea”, fue violencia de género

Minimizar estos hechos como conflictos privados o “discusiones” es parte del problema. La violencia que expulsa un cuerpo del auto no surge de la nada: suele estar precedida por control, amenazas, agresiones previas y un entorno que no interviene.

Desde una perspectiva de derechos humanos, este caso implica:

  • Violación al derecho a la vida
  • Violación al derecho a la integridad personal
  • Violación al derecho a una vida libre de violencia

Derechos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales que el Estado está obligado a garantizar.

Capturas del vídeo

¿Qué tendría que hacerse ahora?

La respuesta no puede limitarse a un comunicado.Primero, la investigación debe tratar el caso como violencia feminicida en grado de tentativa, activando protocolos especializados y evitando clasificaciones que diluyan la gravedad del delito.

Segundo, es indispensable hacer públicos los avances del caso, sin revictimizar, pero con transparencia. El silencio institucional también violenta.

Tercero, las cámaras deben servir para prevenir y detener, no solo para documentar el horror. La videovigilancia debe estar acompañada de reacción policial inmediata y persecución efectiva.

Y, a largo plazo, la prevención no se logra con más cámaras, sino con políticas reales: atención temprana a la violencia, redes de apoyo, educación con enfoque de género y sanción efectiva a los agresores.

Nombrar es el primer acto de justicia

Una mujer fue arrojada de un auto en movimiento, es una alerta de derechos humanos. Mientras estos actos sigan ocurriendo y el castigo no sea ejemplar, el mensaje es claro: la violencia contra las mujeres sigue siendo tolerada. Match Informa seguirá nombrándola, contextualizándola y exigiendo respuestas. Porque informar también es defender.

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