Un año después de que emergió uno de los escándalos más dolorosos para las familias en México, la investigación del Crematorio Plenitud sigue avanzando con pasos lentos, mientras que la exigencia de justicia y transparencia se convierte en un clamor popular y de derechos humanos.
Desde que, la noche del 26 de junio de 2025, vecinos de la colonia Granjas Polo Gamboa reportaron olores fétidos en un inmueble donde se acumulaban cadáveres, las autoridades desenterraron 386 cuerpos almacenados de forma irregular en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez. Las familias buscaban los restos de sus seres queridos y, en muchos casos, descubrieron que las urnas que les entregaron estaban vacías o contenían materiales ajenos.
Avances clave en la investigación
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, Zona Norte, informó que concluyó el plazo de las investigaciones complementarias, lo que permite ahora dar paso a la audiencia intermedia y, posteriormente, al juicio contra el principal responsable identificado: José Luis A. C., propietario del crematorio.
Con base en la evidencia recabada, la Fiscalía acusa a José Luis de posibles delitos de inhumación y exhumación ilícitas de cadáveres, así como violaciones al respeto de restos humanos, en perjuicio de la sociedad. Si se aplican acumulaciones de penas por cada uno de los cuerpos almacenados, la condena podría superar los 70 años de prisión.
El inmueble sigue asegurado por las autoridades mientras se define la ruta judicial.
Identificación forense: avances y frustración
El proceso de identificación de cuerpos ha sido lento y doloroso para las familias. De los 386 restos localizados: 160 personas ya han sido identificadas. De esas, 150 familias han sido notificadas y han recibido algunos restos de sus seres queridos. La Fiscalía ha recibido 109 denuncias por presunto fraude relacionado con servicios funerarios que nunca se cumplieron conforme a la ley.
Los peritos continúan aplicando métodos forenses especializados como la rehidratación de tejidos para extraer huellas y otros rasgos, con la esperanza de dar nombre y dignidad a más víctimas tras años de incertidumbre.
CNDH exige acceso al expediente y derechos humanos en el centro
En las últimas horas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó formalmente la carpeta de investigación completa del caso Plenitud ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al detectar posibles omisiones de autoridades en el manejo del expediente. Esta petición abre la puerta a un monitoreo más riguroso bajo estándares de derechos humanos, sobre todo en un caso que involucra el trato digno de cadáveres y la vulneración de la confianza de familias en instituciones públicas.
Este reclamo surge ante la percepción de que, desde el inicio, las autoridades estatales han mantenido el caso bajo control local, aun cuando existe una demanda social y moral de intervención federal o supervisión independiente para garantizar que las familias no queden en el abandono.
Histórico
Sanciones administrativas a autoridades omisas
Además de la acción penal prevista, la investigación determinó la responsabilidad administrativa de siete funcionarios públicos cinco municipales y dos estatales, incluidos integrantes de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS) por fallas en la supervisión sanitaria y el otorgamiento de permisos al crematorio. Estos actos han sido comunicados a la Secretaría de la Función Pública para su seguimiento disciplinario.
Dolor familiar y exigencia de reparación
Mientras las autoridades avanzan en el proceso jurídico, las familias permanecen en un limbo emocional y jurídico. La identificación de restos humanos lleva tiempo, la entrega de cuerpos lleva semanas o meses, y la certeza sobre lo que ocurrió con sus seres queridos sigue siendo una herida abierta para cientos de personas.
Organizaciones civiles y colectivos de acceso a la justicia han pedido que este caso no se convierta en una estadística más, sino en un punto de inflexión para garantizar la dignidad de los cadáveres, la transparencia en los servicios funerarios y la protección del derecho de las familias a saber qué ocurrió con sus seres queridos.
El caso del crematorio Plenitud es más que una anomalía sanitaria: es una falla estructural del Estado en la protección de la dignidad humana en los momentos más dolorosos de la vida y de la muerte.