Guardia Nacional con más poder: la reforma que enciende alertas sobre militarización

La Guardia Nacional dejará de ser un cuerpo civil con funciones de seguridad para convertirse, legalmente, en una fuerza militar con facultades excepcionales. Con 349 votos a favor y 132 en contra, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que no solo reafirma su estructura bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sino que además le otorga nuevas atribuciones, como realizar operaciones encubiertas, intervenir comunicaciones privadas con aval judicial y usar identidades falsas para recabar información.

Aunque el dictamen incorpora una supuesta perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad en su formación, especialistas en seguridad y defensores de derechos humanos han levantado la voz. La preocupación central: se legaliza una militarización de facto de la seguridad pública en un país donde más del 98 % de las violaciones atribuibles a militares quedan impunes.

Una de las modificaciones más controvertidas es que los integrantes de la Guardia Nacional podrán separarse temporalmente de sus funciones para postularse a cargos públicos, lo que podría convertir al cuerpo armado en una cantera político-electoral, rompiendo principios básicos de neutralidad institucional.

El debate también giró en torno a los mecanismos de fiscalización. Al estar ahora completamente subordinada a la Sedena, la Guardia Nacional escapa a los contrapesos civiles y legislativos. Según el diputado Elías Lixa, “esta reforma no sólo normaliza la presencia militar, sino que coloca la seguridad pública fuera del alcance de los ciudadanos y de la ley civil”.

En al menos 20 de las 32 entidades del país, la violencia homicida y las desapariciones mantienen cifras alarmantes. Para organizaciones como México Evalúa o Fundar, el problema no ha sido la falta de presencia militar, sino la debilidad institucional, la impunidad y la falta de capacidades civiles reales. Militarizar más no parece ser la respuesta, afirman.

Ahora la reforma pasa al Senado, donde se espera otro debate intenso. Pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿quién cuida al país cuando las fuerzas que deben protegerlo concentran poder, operan en la sombra y son juez y parte de su actuación?