La igualdad sustantiva no se decreta, se construye. Y el gobierno federal asegura estar moviendo piezas en esa dirección. La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, informó la firma de 28 convenios de colaboración estratégicos con dependencias federales, universidades, órganos judiciales y empresas privadas con el objetivo de reducir brechas de desigualdad y fortalecer mecanismos contra la violencia de género.
Entre las instituciones aliadas se encuentran la Secretaría de Marina, la Semarnat, el IMSS, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) y plataformas digitales de movilidad como Uber y DiDi. El alcance no es menor: la intención es transversalizar la perspectiva de género tanto en el sector público como en el privado.
¿Qué implican estos acuerdos?
De acuerdo con la dependencia, los convenios contemplan:
- Actualización de protocolos contra la violencia laboral.
- Capacitación del personal en derechos humanos, interculturalidad y no discriminación.
- Campañas permanentes de prevención.
- Distribución masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres.
La estrategia busca generar “mecanismos operativos” que permitan rutas claras de atención a víctimas, especialmente en espacios laborales y académicos.
Contexto: una deuda estructural
Según datos del INEGI (ENDIREH 2021), más del 70% de las mujeres en México ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. En el ámbito laboral, el acoso y la discriminación siguen siendo prácticas extendidas, mientras que la brecha salarial de género ronda el 14% a nivel nacional, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Trabajo.
En ese contexto, los acuerdos firmados buscan institucionalizar protocolos y capacitación. El desafío, sin embargo, será que esos convenios no queden en la firma simbólica, sino que se traduzcan en resultados medibles: denuncias atendidas, sanciones efectivas y reducción real de violencia.
El reto de la transversalización
La administración actual ha planteado como prioridad integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. La transversalización implica que cada dependencia —de seguridad, medio ambiente, justicia o salud— incorpore criterios de igualdad en su operación diaria.
Pero la transversalización no es automática. Requiere presupuesto, evaluación, indicadores claros y seguimiento público.
La distribución de la Cartilla de Derechos de las Mujeres forma parte de los llamados “Compromisos del Segundo Piso” del actual proyecto político. Su alcance real dependerá de que las mujeres no solo conozcan sus derechos, sino que encuentren instituciones capaces de garantizarlos.
Igualdad sustantiva: la prueba es la implementación
La firma de 28 acuerdos marca un despliegue institucional amplio. La pregunta de fondo es si estos convenios lograrán romper inercias históricas en sectores donde la violencia y la desigualdad siguen siendo estructurales.
La igualdad sustantiva no se mide por el número de convenios firmados, sino por la reducción efectiva de la violencia, la brecha salarial y la impunidad.
El anuncio es un paso. La implementación será la prueba.
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