Una jueza federal ordenó a la Guardia Nacional detener sanciones contra conductores de Uber en aeropuertos de México. La decisión se da mientras el AICM anunció operativos para combatir transporte irregular.
El conflicto entre plataformas digitales de transporte y autoridades aeroportuarias en México volvió a estallar en los tribunales. Una jueza federal ordenó a la Guardia Nacional detener las detenciones arbitrarias y sanciones contra conductores de Uber en aeropuertos del país, pero casi al mismo tiempo autoridades aeroportuarias anunciaron nuevos operativos para frenar servicios considerados irregulares.
La Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa instruyó a la corporación federal cumplir la suspensión definitiva otorgada en el juicio de amparo 1202/2025, promovido por Uber en 2025. La resolución establece que las autoridades deben cesar la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos utilizados por conductores que operan mediante la aplicación, así como las multas y confiscaciones que han afectado su actividad laboral.
El fallo advierte que impedirles recoger o dejar pasajeros puede vulnerar derechos constitucionales como el libre tránsito y el derecho al trabajo.
Además, la jueza recordó que desacatar una suspensión judicial puede implicar penas de tres a nueve años de prisión, multas y destitución del cargo, conforme al artículo 262 de la Ley de Amparo, que sanciona a servidores públicos que ignoren resoluciones judiciales.
Mientras se difundía la resolución judicial, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó que a partir del 12 de marzo comenzarán operativos encabezados por la Guardia Nacional, en coordinación con el Grupo Aeroportuario Marina.
Según el comunicado oficial del aeropuerto, estas acciones buscan inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre y reforzar la seguridad de las personas usuarias en la terminal aérea más transitada del país.
La medida se inscribe dentro de una política que las autoridades aeroportuarias han impulsado en los últimos años para controlar el acceso de plataformas digitales dentro de los aeropuertos, donde operan concesiones federales de transporte.
Una disputa de más de una década
El enfrentamiento entre taxis concesionados y plataformas digitales como Uber se remonta a la llegada de la aplicación a México en 2013.
En los aeropuertos, el conflicto ha sido más complejo porque el transporte terrestre dentro de terminales aéreas se rige por concesiones federales, lo que ha permitido a administraciones aeroportuarias limitar la operación de aplicaciones.
En aeropuertos como Cancún, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se han registrado durante años denuncias de conductores de plataformas por retención de vehículos, multas, hostigamiento o bloqueos operativos.
Al mismo tiempo, asociaciones de taxis aeroportuarios han defendido su exclusividad para operar dentro de las terminales argumentando que cuentan con concesiones federales específicas.
La falta de una regulación federal clara sobre plataformas digitales en aeropuertos ha llevado el conflicto a los tribunales. Diversos juicios de amparo promovidos por conductores y empresas han sostenido que impedir el acceso a plataformas puede constituir una restricción indebida a la competencia económica y al derecho al trabajo.
Por su parte, autoridades aeroportuarias sostienen que deben ordenar la movilidad dentro de zonas federales estratégicas, donde operan servicios concesionados y protocolos de seguridad específicos.
El factor Mundial 2026
El choque regulatorio ocurre en un momento particularmente sensible.México se prepara para recibir millones de visitantes internacionales por la Copa Mundial de Futbol 2026, evento que convertirá a los aeropuertos del país en puntos críticos de movilidad turística.
La demanda de transporte desde las terminales hacia hoteles, estadios y zonas urbanas podría dispararse, lo que coloca el debate sobre libre competencia, movilidad y regulación digital en el centro de la agenda.
Uber sostiene que su servicio opera en más de 700 aeropuertos del mundo y más de 15 mil ciudades, mientras que en México está presente en más de 70 ciudades de 30 estados.
La resolución judicial no resuelve de fondo el problema. Más bien confirma lo que ocurre cada vez con mayor frecuencia en México: las disputas entre innovación tecnológica y regulación pública terminan resolviéndose en tribunales.
Mientras el país se prepara para eventos internacionales y un crecimiento acelerado del turismo, el reto será construir reglas claras para la movilidad aeroportuaria.Porque cuando la ley llega tarde a la innovación, el conflicto se instala donde hoy está: entre operativos en tierra y sentencias en los juzgados.
About The Author
