¿Quién le devuelve la infancia a un niño robado por su propio padre?

Durante dos años, un menor fue sustraído de Monterrey y llevado al estado de Querétaro.

No hubo consentimiento. No hubo legalidad.

Lo que hubo fue un secuestro parental tolerado por el Estado.

Un niño arrebatado de su madre, retenido en otro estado, aislado de su entorno, de su escuela, de su historia, de su derecho a crecer con amor y seguridad.

Mientras tanto, la madre —Abigail R., profesora, cuidadora, trabajadora— lo perdió todo por buscarlo. Tuvo que abandonar empleos, hogares, ciudad. Sobrevivió a la violencia institucional y al abandono sistemático. Y aun así, no la dejaron verlo.

A la violencia vicaria, le sumaron la complicidad.

El DIF de Querétaro, cómplice en su indiferencia.
Los jueces del estado, ciegos ante la violencia vicaria.
El sistema entero, falló.

Porque no solo fue la sustracción. Fue la omisión, la revictimización, el encubrimiento de un delito grave: la privación ilegítima de la libertad de un menor, disfrazada de proceso legal.

Porque mientras el niño era escoltado por el padre agresor y su abuela paterna, Abigail tocaba puertas, pedía justicia, hablaba sola ante muros.

Y entonces, cuando todo parecía perdido, llegó una decisión distinta.

El Juez Roberto Carlos Chavero Godínez, del Juzgado 11 de lo Familiar, dijo en audiencia lo que nadie había dicho en voz alta:

“Ningún niño debe ser separado de su madre ni de su padre sin causa. Lo que este menor ha vivido es violencia.”

Y con esa claridad, ordenó la revinculación.

A partir del 24 de junio, el menor verá a su madre cada semana.
Se hará una valoración profesional para asegurar su bienestar.
Se empieza a reparar lo irreparable.

Pero no basta con agradecer al juez.
Hay que exigir respuestas. Hay que señalar a los responsables.

¿Por qué?
¿Por qué un proceso que debía llevarse en Monterrey se condujo ilegalmente en Querétaro?

¿Por qué ninguna autoridad del estado receptor requirió de inmediato la restitución del menor, como lo marca el artículo 104 BIS de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes?

¿Por qué durante 730 días nadie detuvo a un padre que sustrajo sin orden judicial a su hijo y lo ocultó en otro estado?

¿Por qué se permitió que un menor de edad fuera privado de su libertad y su entorno emocional durante dos años, sin intervención de las fiscalías, sin atención del DIF, sin reacción judicial?

Dos años robados en la vida de un niño no son una medida administrativa.
Son un crimen.
Son una violación grave a derechos humanos.

La Observación General 14 del Comité de Derechos del Niño (ONU) establece que:

“Los años tempranos de la infancia son únicos e irrepetibles, y toda omisión que limite el vínculo con sus progenitores afectivos compromete el desarrollo integral del menor.”

Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia Ramírez Escobar vs. Guatemala, ya determinó que la sustracción de un menor con aval institucional constituye desaparición forzada civil y violencia estructural.

Hoy, Match Informa alza la voz:

Por las madres que luchan.
Por los niños que esperan.
Por las infancias arrebatadas en silencio.
Por la justicia que no puede seguir llegando tarde.

Y por cada segundo, cada caricia, cada abrazo que Abigail no pudo darle a su hijo en esos dos años robados.

Porque ningún sistema debería permitir que un menor sea despojado de su madre por violencia, por poder, por omisión.

Porque si no ardemos ahora, ¿cuántos niños más tendrán que olvidar cómo se abraza a su mamá?